Senadores del PT piden a la FGR investigar las redes del tabaco ilegal y citan amenazas a tiendas de barrio, contrabando y evasión fiscal.
Por Bruno Cortés
Detrás de cada cajetilla ilegal hay, según senadores del Partido del Trabajo (PT), una cadena de fabricación clandestina, falsificación, introducción al país y distribución que beneficia a grupos criminales. Con ese argumento, legisladores de ese grupo parlamentario presentaron un punto de acuerdo para pedir a la Fiscalía General de la República (FGR) que fortalezca las investigaciones contra esas redes, además de exhortar a las autoridades de Salud y de Hacienda a reforzar la vigilancia. El planteamiento se difundió este domingo 8 de noviembre de 2026 en el boletín 0423 de la Coordinación de Comunicación Social del Senado.
El punto de acuerdo, turnado a la Comisión de Salud, tiene un componente sanitario y otro de seguridad. En esta nota se revisa el segundo: lo que los senadores dicen sobre los grupos delictivos, las presiones a pequeños negocios y el vínculo con el contrabando y la evasión fiscal.
La petición a la FGR
Los legisladores hicieron un llamado a la FGR para que fortalezca las investigaciones contra las redes dedicadas a la fabricación clandestina, la falsificación, la introducción y la distribución ilegal de productos del tabaco, así como contra los delitos conexos. La finalidad, de acuerdo con el boletín, es desarticular las estructuras criminales que sostienen la venta de estos productos.
Es una petición amplia: no se refiere a un solo eslabón, sino a todo el recorrido del producto, desde que se fabrica en la clandestinidad hasta que llega a quien lo compra. El boletín no menciona casos concretos ni investigaciones abiertas; el punto de acuerdo plantea que la Fiscalía dé prioridad a esta línea de trabajo.
Lo que documentó El Colegio de México
Para sustentar el señalamiento, los senadores recordaron que El Colegio de México documentó la participación de grupos delictivos en la importación, fabricación y distribución de cigarros ilegales. Según los legisladores, ese trabajo documentó incluso “amenazas” a tiendas de barrio para imponerles marcas.
El boletín recoge esta frase: “por lo que las ganancias se quedan en las redes criminales y las consecuencias en la sociedad”. Con ella, los senadores buscan subrayar que el costo del mercado ilegal no recae en quienes lo operan, sino en la población y en los comercios pequeños.
Contrabando y evasión fiscal
La parte de seguridad del planteamiento se completa con una petición a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Los senadores piden que, por conducto de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se fortalezcan las acciones de inspección y el control de productos de importación para evitar la entrada a territorio nacional de cigarros ilegales.
Además, solicitaron verificar los códigos de seguridad de las cajetillas e informar periódicamente las estadísticas consolidadas sobre los aseguramientos. Según el texto, el propósito es combatir el contrabando y la evasión fiscal asociados a este mercado. La idea de fondo es que la información pública sobre los decomisos permita medir si las medidas funcionan.
Las cifras que respaldan la alerta
Los legisladores señalaron que, en seis años, el mercado ilícito se duplicó. Con datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), indicaron que en 2017, de cada 100 cigarros que se fumaban en el país, cerca de nueve eran ilegales; en 2023 la cifra fue de 18 por cada 100.
Como muestra de la magnitud del fenómeno, apuntaron que solo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en lo que va de 2026, la Marina y la ANAM han asegurado más de 130 millones de cigarros ilegales. El boletín no detalla en cuántos operativos ni en qué periodos exactos se realizaron esos aseguramientos.
Más allá de la seguridad: el riesgo sanitario
El punto de acuerdo también recuerda que, en mayo de 2026, la Cofepris advirtió que diversas marcas entran al país sin permiso sanitario y pueden estar falsificadas o adulteradas. Los senadores añadieron que se elaboran con ingredientes desconocidos y que su combustión podría liberar químicos tóxicos. Por eso piden a la Secretaría de Salud, por conducto de la Cofepris, reforzar operativos y vigilancia en comercios, mercados, comercio informal, plataformas digitales y sitios web.
Los legisladores cerraron con una frase de tono político: “el mercado ilegal de cigarros es la expresión más cruda de un modelo que pone la ganancia por encima de la vida: lucra con la adicción, evade impuestos y deja los costos en los barrios y en las familias trabajadoras”.
Quiénes lo suscriben
El punto de acuerdo fue suscrito por el senador Alberto Anaya Gutiérrez y por las senadoras Geovanna Bañuelos de la Torre, Lizeth Sánchez García, Yeidckol Polevnsky Gurwitz y Ana Karen Hernández Aceves. Al estar turnado a la Comisión de Salud, será ese órgano legislativo el encargado de analizarlo.
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