Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que Morena utilizó la infraestructura de la Financiera para el Bienestar (Finabien) para realizar la dispersión de 252 mil 901 operaciones relacionadas con presuntos “apoyos sociales”, mediante un convenio que permaneció vigente hasta después de la elección presidencial de 2024.
De acuerdo con documentos oficiales citados por la organización, el acuerdo habría operado durante la dirigencia nacional de Mario Delgado Carrillo y no fue reportado ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en los informes de rendición de cuentas correspondientes al periodo 2022-2024.
Auditoría detecta observaciones en el convenio
Según la investigación, Morena contrató a Finabien para realizar la dispersión de recursos mediante giros nacionales, generando un pago de 3 millones 520 mil pesos por concepto de comisiones.
La tarifa establecida fue de 12 pesos más IVA por cada operación.
Sin embargo, una auditoría interna realizada a Finabien durante 2025 detectó que de las 252 mil 901 operaciones contratadas, únicamente se concretaron 140 mil 878, lo que derivó en la devolución de aproximadamente 1.6 millones de pesos al partido por servicios que no fueron ejecutados.
Los documentos también señalan observaciones relacionadas con aspectos administrativos, cobro de comisiones y cumplimiento de disposiciones previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, normativa enfocada en la prevención de operaciones financieras vinculadas con lavado de dinero.
El punto central: el reporte ante el INE
Uno de los principales señalamientos expuestos por MCCI es que el convenio con Finabien no habría sido incluido en la documentación entregada por Morena al INE durante sus procesos de fiscalización.
La investigación sostiene que tampoco se especificó públicamente la partida presupuestal de la que habrían provenido los recursos utilizados para la dispersión de estos apoyos.
Hasta el momento, no existe una resolución oficial de la autoridad electoral que determine alguna responsabilidad derivada de estos hechos.
Expertos plantean posibles implicaciones legales
Especialistas consultados por MCCI señalaron que la entrega de “apoyos sociales” no forma parte de las atribuciones legales ordinarias de los partidos políticos.
De acuerdo con las opiniones citadas en el reportaje, una parte de estas operaciones podría estar relacionada con gastos operativos, movilización territorial o pago de representantes de casilla durante procesos electorales. Sin embargo, advirtieron que cualquier erogación de este tipo debe ser reportada ante las autoridades de fiscalización electoral.
La legislación mexicana establece que los partidos políticos están obligados a transparentar el origen y destino de sus recursos, así como reportar contratos y gastos relacionados con actividades partidistas y electorales.
Finabien y su papel en la dispersión de recursos
La Financiera para el Bienestar, organismo descentralizado del Gobierno Federal, tiene entre sus funciones ofrecer servicios financieros, remesas, transferencias y mecanismos de inclusión financiera para la población.
La auditoría referida por MCCI señala que desde enero de 2023 existían observaciones relacionadas con aspectos normativos y de seguridad financiera vinculados al contrato, algunas de las cuales continuaban bajo revisión al momento de la auditoría.
Morena no había respondido al cierre del reportaje
MCCI informó que buscó la postura oficial de Morena para conocer su versión sobre los hallazgos documentados en la investigación.
No obstante, señaló que al cierre de la publicación no había recibido una respuesta formal por parte del partido.
Hasta ahora, ni el INE, ni Finabien, ni las autoridades competentes han emitido resoluciones definitivas respecto a los hallazgos señalados en la auditoría citada por la organización.
