Por Bruno Cortés
Una persona indígena que no entiende el español puede enfrentar una audiencia penal sin saber de qué se le acusa ni qué está firmando. Para evitarlo, el senador de Morena Víctor Mercado Salgado propone una regla clara: mientras no haya intérprete adecuado, no deben realizarse las actuaciones que requieran su participación.
La propuesta forma parte de una iniciativa que reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, según el boletín 0382 de la Coordinación de Comunicación Social del Senado, difundido este sábado 31 de octubre.
El candado procesal
El boletín detalla que, mientras no se garantice la asistencia de la interpretación que corresponda, no podrán realizarse actuaciones que requieran la intervención, la manifestación de voluntad o el ejercicio de un derecho procesal de la persona que deba recibirla.
Hay una excepción: los actos urgentes que legalmente procedan y “cuya realización no menoscabe sus derechos”. Es decir, la iniciativa busca que el proceso no se detenga por completo, pero sí que no se tomen decisiones que dependan de la voz de la persona sin que esta pueda entender y expresarse.
Por qué lo plantea
Mercado Salgado señaló que la ley vigente ya obliga a proporcionar intérpretes, pero no desarrolla el contenido mínimo que debe reunir esa garantía desde una perspectiva de justicia intercultural. Para el senador, las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia deben atender las deficiencias institucionales que impiden a la población acceder a sus derechos en condiciones de igualdad.
El legislador planteó que la interpretación sea “oportuna, efectiva y culturalmente pertinente”, de acuerdo con la lengua de la persona y, cuando corresponda, con su variante lingüística. No basta, en este enfoque, con que alguien hable una lengua parecida: la comunicación tiene que funcionar.
Quién interpreta
La autoridad competente, según la propuesta, tendrá que hacer “sin dilación” las gestiones para identificar y localizar a personas intérpretes. Si no logra ubicar a tiempo a una persona acreditada, podrá designar a alguien que tenga los conocimientos necesarios de la lengua y la cultura de que se trate, siempre con verificación previa de su idoneidad.
La iniciativa prevé, además, que el mecanismo promueva la coordinación entre el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y las autoridades competentes, para facilitar la atención oportuna de las solicitudes de asistencia lingüística.
Detenidos y plazos
Para los casos más delicados, como los de personas detenidas o actuaciones sujetas a plazos constitucionales o legales, la propuesta establece que deberán implementarse mecanismos de atención prioritaria. En esos supuestos el tiempo corre en contra de la persona, y la falta de un intérprete puede afectar directamente su defensa.
Comprender para defenderse
Víctor Mercado Salgado sostuvo que el acceso a la justicia no se satisface solo con que existan tribunales o procedimientos previstos por la ley. Para él, implica que toda persona pueda comprender el proceso en el que interviene, ejercer adecuadamente su derecho de defensa, comunicarse de manera efectiva con las autoridades y participar activamente en las decisiones que afectan su esfera jurídica.
La discusión sobre las lenguas originarias también tiene una dimensión cotidiana, como muestra el reportaje sobre cómo sobreviven las lenguas indígenas en la Ciudad de México, y una dimensión educativa, visible en el conflicto en planteles indígenas de Durango.
El camino de la iniciativa
La propuesta fue enviada a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Primera del Senado. Ahí deberá analizarse y, en su caso, dictaminarse antes de llegar al Pleno. Si se aprueba en la Cámara de Senadores, tendría que pasar a la Cámara de Diputados.
El boletín no precisa cuántas personas indígenas enfrentan hoy procesos penales sin intérprete, ni cuál sería el costo de implementar la reforma. Tampoco incluye posturas de otras bancadas, de fiscalías o del Poder Judicial.
El debate se da en un momento en que el sistema de justicia mexicano está en plena transformación, como refleja la expulsión de la Conatrib de la UIM por la reforma judicial.
