La administración de Samuel García en Nuevo León enfrenta una severa interpelación a sus controles de fiscalización tras confirmarse la adjudicación de contratos públicos por más de 110 millones de pesos a una constructora vinculada operativamente al Cártel del Noreste.
La pesquisa de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) expuso que la compañía Construcciones y Edificaciones Garza Elías S.A. de C.V. operó sin filtros preventivos dentro del padrón de proveedores estatales durante los ejercicios de 2022 y 2023.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos colocó a esta empresa en su lista negra tras determinar que formaba parte del andamiaje corporativo del Cártel del Noreste, diseñado no solo para blanquear capitales ilícitos, sino para inyectar recursos económicos a campañas electorales y obtener licitaciones gubernamentales.
Las erogaciones de erario público provinieron de la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León (CODEFRONT), bajo la administración directa de Marco Antonio González Valdez, colaborador que acumula además la Secretaría de Desarrollo Regional y Agropecuario.
El funcionario autorizó formalmente compromisos financieros como el convenio de julio de 2023, por casi 70 millones de pesos, para levantar carriles de acceso y casetas en el Centro de Facilidades al Comercio Internacional, así como otro contrato complementario por 25 millones de pesos en febrero del mismo año.
Los accionistas sancionados por las agencias federales estadounidenses, Gamaliel Garza García y Gamaliel Garza Elías, mantuvieron un flujo constante de capital público en obras fronterizas al tiempo que las autoridades norteamericanas documentaban sus nexos financieros con el crimen organizado.
El caso coloca bajo cuestionamiento directo los mecanismos de debida diligencia de la administración estatal y la permeabilidad de las áreas de infraestructura estratégica ante consorcios sancionados por lavado de dinero.
