Por Bruno Cortés
Ciudad de México, 24 de agosto de 2026. — Legisladores del oficialismo endurecieron este lunes su postura sobre el anunciado regreso de Enrique Inzunza Cázarez al Senado, a días de la plenaria de Morena y del inicio del periodo ordinario.
La presión sobre el senador Enrique Inzunza Cázarez ya no llega solo desde la oposición o desde Estados Unidos. Este lunes 24 de agosto, voces del propio oficialismo elevaron el tono contra su reincorporación al Congreso.
Arturo Ávila Anaya, vocero de Morena en la Cámara de Diputados, afirmó que sería “un error y una imprudencia” que Inzunza regrese en el periodo ordinario que inicia el 1 de septiembre. Ávila aclaró que hablaba a título personal, no como posición institucional de la bancada, pero fue más lejos que en mayo: dijo que, ante señalamientos de esa gravedad, él pediría licencia y enfrentaría a las autoridades sin la protección del cargo legislativo. “La mejor forma de someterse al escrutinio de la justicia es sin fuero constitucional”, sostuvo.
Gerardo Fernández Noroña mantuvo que Inzunza tiene derecho jurídico a reincorporarse y que cree en su honorabilidad. Sin embargo, introdujo una idea distinta: el senador podría asumir un “sacrificio” político y permanecer apartado para evitar que el caso se convierta en un flanco permanente contra el movimiento. El cambio es notable. Apenas el 22 de agosto, Noroña había defendido el derecho tanto de Inzunza como de Rubén Rocha Moya a reivindicar su nombre frente a las sugerencias de Ricardo Monreal.
Otros legisladores se sumaron al mensaje de cautela. El senador del PVEM Jorge Carlos Ramírez Marín consideró recomendable que Inzunza permanezca separado mientras avanzan las investigaciones. El morenista Óscar Cantón Zetina, en cambio, defendió que el senador conserva sus derechos y que la decisión le corresponde a él. Días antes, Higinio Martínez había dicho que, en las mismas circunstancias, él pediría licencia.
Hasta ahora no existe una resolución formal de Morena que ordene a Inzunza separarse del cargo. Sí se está formando, sin embargo, un grupo visible de legisladores oficialistas que considera inconveniente su regreso.
Inzunza ha anunciado que acudirá el domingo 30 de agosto a la reunión plenaria de los senadores de Morena y que participará normalmente en el periodo ordinario. En esa plenaria se discutirá también la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, por lo que su aparición tendría una exposición política considerable. El senador rechaza haber abandonado sus funciones: afirma que ha trabajado en dictámenes de la Comisión de Estudios Legislativos —que preside— y que participó virtualmente el 25 de junio en una sesión de la Comisión de Justicia. Asegura que no asistió a las sesiones de la Comisión Permanente porque no fue convocado por la coordinación de su grupo.
Un dato que ha generado confusión en la cobertura: Inzunza sí solicitó licencia, pero fue extraordinariamente breve. El Senado la autorizó únicamente para los días 28 y 29 de mayo de 2026; su suplente llegó a rendir protesta y, al concluir el plazo, Inzunza recuperó automáticamente su condición de senador en funciones. Por tanto, no es exacto afirmar que lleva más de 100 días “sin pedir licencia”. Lo correcto es señalar que no mantiene actualmente una licencia prolongada ni ha solicitado una separación indefinida.
El fondo jurídico más grave sigue siendo la acusación presentada el 29 de abril de 2026 por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York. Estados Unidos acusa a Inzunza —junto con el gobernador Rubén Rocha Moya y otras ocho personas— de conspiración para importar narcóticos y delitos relacionados con armas, en el marco de una presunta estructura de protección a integrantes del Cártel de Sinaloa. El documento judicial sostiene, como alegación de los fiscales, que cuando Inzunza fue secretario general de Gobierno de Sinaloa habría mantenido encuentros con dirigentes de Los Chapitos y habría fungido como enlace con Rocha Moya. Se trata de acusaciones, no de sentencias. El propio Departamento de Justicia establece que los acusados deben considerarse inocentes mientras no se demuestre lo contrario.
En México la situación es distinta. La Fiscalía General de la República abrió una investigación relacionada con las personas señaladas por las autoridades estadounidenses. La presidenta Claudia Sheinbaum lo confirmó nuevamente este 24 de agosto. Inzunza se presentó voluntariamente ante la FGR en Culiacán el 26 de mayo. Hasta la información pública disponible, no existe un anuncio de imputación penal mexicana equivalente. Investigación e imputación son etapas diferentes.
El efecto Rocha Moya cambió el escenario. El gobernador de Sinaloa se separó del cargo durante aproximadamente 112 días, regresó el 21 de agosto y, tras fuertes críticas políticas, volvió a solicitar licencia unas 33 horas después. Sheinbaum manifestó que no le pareció pertinente ese regreso mientras continúa la investigación. Ese precedente inmediato dificulta políticamente justificar que Inzunza se reincorpore apenas una semana después.
Sobre el fuero, el artículo 111 de la Constitución establece el procedimiento de declaración de procedencia para proceder penalmente contra legisladores por delitos cometidos durante el encargo. El artículo 112 precisa que no se requiere esa declaración cuando el servidor público comete un delito estando separado del cargo; si regresa, vuelve a operar el régimen del 111. Afirmar que “pedir licencia = perder automáticamente todo el fuero respecto de acusaciones anteriores” es una simplificación. El propio Ávila reconoció este lunes que existen criterios jurídicos según los cuales la protección puede permanecer aun con licencia.
Lo que quedó claro el 24 de agosto es que, sin una orden formal del partido, un sector creciente del oficialismo considera que el costo político del regreso de Inzunza es más alto que el de su ausencia.
