Por Rodrigo Ávila Montaño El 6 de noviembre de 2026, la reconstrucción periodística sobre la red ligada a Guadalupe Taddei y a los hermanos Hernández Casillas volvió a poner el foco en Sonora. Según esa cobertura, cuando Taddei presidió el Instituto Estatal Electoral en 2014, los proveedores ya operaban como intermediarios en organismos locales; fuentes anónimas dijeron que ella “quiso tomar las riendas del negocio” y que después el vínculo se trasladó al INE en 2023. Esas afirmaciones de fuentes no identificadas deben leerse como indicios, no como sentencia.
Los montos son el segundo eje. Se habla de unos 2 mil millones de pesos asociados a esa trayectoria. El 5 de noviembre, Alfonso Durazo Montaño, en “La democracia no es un negocio”, habló de más de 2 mil millones entre 2014 y 2023 y de 646 millones adicionales en 2024 y 2025, atribuidos a una estructura que, dijo, simulaba competencia. Un reportaje del 26 de octubre documentó con auditorías más de mil millones en Organismos Públicos Locales Electorales de al menos 13 entidades para siete empresas del grupo Hernández Casillas.
La genealogía empresarial arranca en Formas Finas y Materiales (familia Carranza Sordo, 1997) y Cajas Graf (1993, después en manos de Raymundo Hernández Casillas). Tras la ruptura con los Carranza hacia 2011-2012, surgieron Corporativo Zeg y Comercializadora JVLY en 2015, y Seriplast ligada a Patricia Velázquez Sánchez, esposa de José Alfredo. Fuentes del reportaje hablaron de más de mil millones en 2021 y cerca de 200 millones en la elección judicial de 2025 bajo influencia del llamado “clan Taddei”.
Aparece Jesús Octavio García González, de OPLE Veracruz a la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, como contacto de mediano rango. Algunas fuentes dicen que presentó a José Alfredo con Taddei en 2015; el propio medio aclara que no pudo comprobarlo. Con García en Administración, crecieron las adjudicaciones directas frente a las licitaciones de la etapa de Lorenzo Córdova, y hubo denuncias de imprentas, incluidas cartas enviadas a Palacio Nacional.
En paralelo —y sin mezclarlo automáticamente con los contratos de impresión— está la cercanía política de Durazo con la familia Taddei. El 4 de agosto de 2025 nombró secretario particular a Luis Rogelio Piñeda Taddei; sostuvo que fue por méritos propios —asesor en el Congreso de Sonora y trabajo en la Consejería Jurídica— y que se quedará mientras no haya investigación que lo vincule a irregularidades. El 29 de octubre de 2026 dijo: “Si hay clan Taddei, soy autor intelectual involuntario”.
En esa conferencia reconoció haber impulsado a Jorge Luis Taddei Bringas como delegado de Bienestar en Sonora en 2018, a Celeste Taddei en una candidatura de Morena y a Pablo Taddei Arriola en LitioMx tras una plática en Bacadéhuachi sobre su doctorado. Sobre Guadalupe, dijo conocerla desde 2021, valorar su paso por el IEE y negar haber intervenido en su llegada al INE por insaculación en la Cámara de Diputados.
Datos de la Plataforma Nacional de Transparencia ubicaron sueldos familiares —Rogelio, Pablo, Jorge Luis, Ivana Celeste y el de Guadalupe en el INE— cerca de 12 millones de pesos al año. Durazo insiste en trayectorias individuales y rechaza el estigma por apellido, al tiempo que pide investigaciones a fondo “sin privilegios”.
El cruce temporal es lo más sólido: despegue de proveedores desde 2014 en Sonora, expansión a OPLE e INE documentada por auditorías y medios, y respaldos políticos de Durazo a nombramientos familiares en gobiernos de Morena. El gobernador, el 5 de noviembre, rechazó que se atribuya a Morena la responsabilidad de prácticas que, según su relato, vienen de décadas.
No está confirmado, en la cobertura revisada, que esas imprentas tuvieran contratos directos con el gobierno de Durazo. Corresponde a la ASF, a la UIF y a la Fiscalía precisar montos, responsables y si hubo tráfico de influencias o conflicto de intereses, sin confundir reportaje, declaración política y prueba judicial.
