Por Rodrigo Ávila Montaño La entrega de Latinus del jueves 5 de noviembre de 2026 colocó de nuevo en el centro del debate público la relación entre Guadalupe Taddei Zavala y el contratista José Alfredo Hernández Casillas. En los clips presentados por Carlos Loret de Mola, el empresario describe grabaciones propias guardadas fuera de México y las presenta como garantía personal ante el deterioro del vínculo a principios de ese año. El medio habla de amenazas y extorsiones; esa lectura es del reportaje y, hasta ahora, no aparece respaldada por una sentencia o resolución ministerial pública.
En el fragmento más citado, Hernández Casillas asegura haber advertido a Taddei que contaba con declaraciones suyas en Europa, Estados Unidos y Canadá, además de lo que podía revelar dentro del país. La frase “Me pasa algo a mí y te lleva la chingada a ti y a todo tu puto INE” circuló el 5 y el 6 de noviembre en coberturas nacionales. Latinus sostiene que el material funcionaba como mecanismo de presión hacia la entonces presidenta del Instituto Nacional Electoral y hacia funcionarios cercanos.
Una conversación fechada en febrero de 2026 muestra al contratista reclamando decisiones y aludiendo a un tema de la Secretaría de Gobernación que, según él, no debía mencionarse: “Habíamos quedado que no iba yo a decir nada de esto, de Gobernación. Nadie sabe nada”. Los reportes subrayan que no se precisa de qué se trata. En la misma tanda, habla de 62 plazas ligadas a Iliana Araceli Hernández Gómez —entonces en capacitación electoral y después al frente de la Unidad Técnica de Igualdad de Género del INE—, dice que dos se dieron de baja en diciembre y afirma que la funcionaria contrató a su masajista; ese dicho sale solo de la grabación y no tiene corroboración independiente en la cobertura revisada.
Hernández Casillas aparece como exapoderado de Cajas Graf y como proveedor de materiales electorales junto con su hermano Raymundo Francisco. El grupo empresarial —Corporativo Zeg, Comercializadora JVLY y Seriplast de México, entre otras— concentró contratos con el INE y con Organismos Públicos Locales Electorales. El 4 de noviembre, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que sumó a 25 personas físicas y 15 morales a su Lista de Personas Bloqueadas y presentó denuncia ante la Fiscalía General de la República, sin publicar los nombres de esa lista.
Los videos nuevos se encadenan con la serie iniciada el 20 de octubre, que documentó cercanía social, un viaje a París con un hijo de Taddei y un diálogo del 16 de febrero sobre porcentajes y montos ligados a la credencial para votar. Taddei anunció el 25 de octubre que presentaría su renuncia ante la Cámara de Diputados y dejó la presidencia del INE el 26 de octubre de 2026, convirtiéndose en la primera presidenta del instituto en renunciar en medio de ese escándalo mediático.
El mismo 5 de noviembre, el Consejo General del INE acordó pedir a la Auditoría Superior de la Federación una revisión de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la última década, preservar expedientes y habilitar denuncias. Carla Humphrey pidió que “no quede nada sin revisar”. El 3 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum había señalado que corresponde a la ASF auditar y que “se tiene que investigar”.
Al cierre del 6 de noviembre no se halló una respuesta puntual de Taddei a los videos de presión, ni un comunicado específico del INE o de los partidos centrado solo en ese material. Lo verificable es el marco de indagatorias de la UIF y de la ASF, la auditoría extraordinaria solicitada por el Consejo General y el historial de revelaciones sobre contratos y proveedores.
La distinción entre periodismo de investigación y prueba judicial importa: las frases de la grabación existen como hecho mediático; tipificarlas como delito exige investigación formal. Mientras tanto, el instituto debe organizar procesos electorales y responder al desgaste de credibilidad en sus contrataciones.
En resumen verificable: Latinus difundió el 5 de noviembre material en el que Hernández Casillas habla de presión y de copias en el extranjero; hay un historial de cercanía y contratos ya reportado desde octubre; y hay acciones en curso de la UIF, la ASF y el Consejo General. El resto —extorsión, amenazas en sentido penal o responsabilidades individuales— queda pendiente de las autoridades.
