El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, formalizó este 19 de mayo una orden ejecutiva que altera la dinámica de operación del sistema financiero para clientes extranjeros. El documento, titulado «Restaurando la integridad al sistema financiero de Estados Unidos», impone obligaciones de vigilancia a instituciones bancarias para detectar irregularidades en el estatus migratorio de sus usuarios.
La medida impacta directamente en las transferencias transfronterizas. Según el Banco de México, las remesas representan cerca del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. En el primer trimestre de 2026, el país recibió 14,457 millones de dólares, lo que equivale a un incremento del 1.4% respecto al mismo periodo del año anterior, cifra que ahora enfrenta incertidumbre por la nueva regulación.
La orden instruye al Departamento del Tesoro a establecer lineamientos estrictos en un plazo de 60 días. Las instituciones deberán vigilar «patrones de retiros y depósitos» que coincidan con ciclos de nómina, una práctica que la administración considera sospechosa de «estructuración» para ocultar operaciones ligadas a la economía informal o actividades ilícitas.
El decreto cuestiona la fiabilidad del Número de Identificación Fiscal Individual (ITIN). Este documento, utilizado históricamente por trabajadores sin número de Seguro Social, será sometido a un análisis de riesgo reforzado. La administración argumenta que el ITIN facilita el acceso al sistema financiero de migrantes irregulares, lo cual pretenden limitar mediante la exigencia de una verificación de identidad más robusta.
Los bancos han recibido la instrucción de exigir datos adicionales sobre la autorización de empleo si existen «indicadores de riesgo». Esto implica que los prestamistas deberán evaluar la «capacidad de pago» considerando la situación migratoria, lo que podría restringir el acceso a créditos hipotecarios y personales para millones de personas en Estados Unidos.
Aunque la medida no prohíbe las remesas, complica la logística para el envío de recursos. El gobierno mexicano y especialistas financieros observan que, si bien existen 8.1 millones de mexicanos con residencia o ciudadanía que garantizan el flujo principal, los migrantes indocumentados —a menudo dependientes de redes familiares o familiares con estatus legal— enfrentarán barreras administrativas significativas.
Para asegurar el cumplimiento, el Departamento del Tesoro contará con 90 días para proponer cambios a la Ley de Secreto Bancario y 180 días para auditar los programas de identificación de clientes. El sistema financiero estadounidense ahora funciona bajo una política de transparencia migratoria que, según la administración Trump, es necesaria para combatir el tráfico de drogas y el financiamiento criminal.
