Por Rodrigo Ávila Montaño
La bancada del PAN en la Cámara de Diputados anunció que promoverá un punto de acuerdo para citar a comparecer al titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, Víctor Hugo Carvente Contreras, tras la publicación de El Universal sobre una investigación interna relacionada con proveedores cercanos a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei.
El coordinador panista, Elías Lixa, planteó que es necesario saber qué está haciendo el OIC y cómo el instituto llegó a lo que calificó como un “gravísimo exceso” sin que el órgano de control lo advirtiera formalmente, de acuerdo con lo recogido por el diario.
El origen de la controversia es el informe que Carvente presentó el 9 de septiembre ante la Comisión de Transparencia de San Lázaro. Según El Universal, ahí reconoció que las auditorías internas detectaron inconsistencias patrimoniales, conflictos de interés y flujos financieros irregulares.
En concreto, el contralor dijo que se identificaron depósitos bancarios a servidores públicos provenientes de proveedores del INE, personal que no declaró su participación accionaria en empresas y omisiones de ingresos por hasta 5.6 millones de pesos en declaraciones patrimoniales.
La investigación, de acuerdo con la publicación, comenzó hace más de seis meses, sin que se hayan presentado denuncias. Los hallazgos coinciden con indagatorias de la Auditoría Superior de la Federación y de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Desde la mayoría, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, confirmó que el OIC tiene investigaciones abiertas desde hace seis meses por irregularidades y conflictos de interés. Explicó que no han concluido porque se debe respetar el debido proceso y otorgar a los señalados plazos para presentar pruebas y alegatos.
El Universal resalta que en la sesión de septiembre los diputados no hicieron preguntas sobre esos hallazgos. El contralor dedicó buena parte de su intervención a reportar austeridad, con una recuperación de 138 mil 649 pesos por pagos en exceso y un ahorro de 131 mil 144 pesos en viáticos.
Asimismo, informó que en el primer semestre de 2026 seis servidores públicos fueron sancionados con multas por 714 mil pesos e inhabilitaciones de hasta ocho años por faltas graves, entre ellas documentación falsa, abuso de funciones y nepotismo.
Carvente pidió reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas al sostener que el SAT le niega acceso a información fiscal y bancaria de los altos mandos del INE, lo que, dijo, impide detectar a tiempo la triangulación de recursos.
El diario también refiere críticas de especialistas que señalan una cercanía operativa entre el contralor y Taddei, y menciona la reactivación, a finales de 2025, de una queja de 2021 contra consejeros considerados críticos de la entonces presidenta, quienes la denunciaron como una “cacería de brujas”.
La discusión llega en un momento en que el INE enfrenta revisiones de distintas instancias sobre su contratación de proveedores, lo que incrementa la presión pública para que el órgano interno informe sobre el avance de sus expedientes.
Lixa advirtió que, si se permite la impunidad desde la complacencia de la Cámara, el mensaje sería que quienes están vinculados a Morena tienen “barra libre” en las instituciones, según la cita difundida por el diario.
La propuesta panista deberá ser discutida y, en su caso, aprobada para que el contralor sea formalmente citado.
De concretarse, la comparecencia permitiría a los legisladores conocer el estado procesal de las investigaciones y los plazos previstos para su conclusión.
El Universal precisa que, aunque Carvente no llegó al INE como propuesta directa de Taddei, en la práctica ambos habrían construido una alianza operativa, según la valoración de expertos y observadores electorales recogida en el reportaje, sin que se detallen nombres de esos especialistas.
Las presuntas irregularidades continúan bajo investigación y no existe, por ahora, resolución definitiva ni denuncias formales del OIC.
