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¿Quién vigila a quienes juzgan? Tribunal de Disciplina de Veracruz recibió 825 denuncias y aplicó 26 sanciones

Redacción Mexican Times 15 de noviembre de 2026 · 18:49 hrs Ciudad de México
Marlen Esquivel, protagonista del reportaje «Inocencia Juzgada».
Marlen Esquivel.

La suspensión temporal de un magistrado que participó en la absolución de Marlen abre preguntas sobre la independencia judicial. El organismo veracruzano reportó 825 denuncias y 26 sanciones durante sus primeros diez meses de operación.

Por Paul Contreras | Agencia Libertad

La independencia judicial no solamente depende de que los tribunales puedan resolver conforme a las pruebas y al derecho. También exige que los órganos encargados de vigilar la conducta de quienes imparten justicia actúen con autonomía, imparcialidad y transparencia.

El caso de Marlen, en Veracruz, coloca esa garantía bajo escrutinio. Después de ser condenada a 80 años de prisión por secuestro agravado, fue absuelta por unanimidad por la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado. Cinco meses después de la sentencia condenatoria, el órgano colegiado revocó el fallo y ordenó su libertad al considerar que las pruebas no acreditaban suficientemente su participación en el delito.

La resolución tuvo una consecuencia institucional: el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Veracruz inició una investigación administrativa contra Jonathan Cortés Vargas, magistrado ponente de la absolución, y decretó su suspensión temporal mientras se desarrolla el procedimiento.

El expediente plantea una pregunta que trasciende el caso individual: ¿qué garantías existen para impedir que los órganos encargados de vigilar a los juzgadores puedan convertirse en instrumentos de presión sobre sus decisiones?

825 denuncias y 26 sanciones en diez meses

El primer informe de labores del Tribunal de Disciplina Judicial de Veracruz, correspondiente al periodo del 1 de septiembre de 2025 al 30 de junio de 2026, permite dimensionar la actividad del nuevo organismo.

Durante esos diez meses, el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas reportó la recepción de 825 denuncias. De ellas, 523 fueron admitidas, 87 desechadas y 27 prevenidas.

Además, el Tribunal recibió 421 asuntos que permanecían en el extinto Consejo de la Judicatura: 211 procedimientos administrativos sancionadores y 210 denuncias y cuadernillos administrativos.

En materia disciplinaria, el organismo informó que impuso 26 sanciones a servidores públicos del Poder Judicial. El desglose fue de 10 amonestaciones privadas, siete suspensiones y nueve inhabilitaciones temporales.

El informe también registró 34 inspecciones en órganos jurisdiccionales de distintos distritos judiciales, 22 visitas ordinarias de evaluación del desempeño de personas juzgadoras y una calificación promedio de 84.13 por ciento en esas evaluaciones.

Durante el mismo periodo, el Pleno celebró 42 sesiones y aprobó 40 acuerdos generales para establecer criterios y mecanismos de operación.

Las cifras muestran el volumen de actividad del organismo, pero no permiten por sí solas determinar la calidad de sus investigaciones ni establecer si todas sus resoluciones se apegaron a los principios de independencia, imparcialidad y debido proceso. Para ello es necesario conocer los expedientes, las conductas investigadas, las pruebas y los fundamentos de cada determinación.

Cinco magistraturas al frente del órgano disciplinario

El Tribunal de Disciplina Judicial de Veracruz está integrado por cinco magistraturas que rindieron protesta el 1 de septiembre de 2025, después de ser electas en el proceso judicial local.

Su integración es la siguiente:

  • Paulina Elizabeth Ahumada Santana, presidenta.
  • Humberto de Jesús Sulvarán López.
  • Agustín Torres Bello.
  • María Teresa López González.
  • María Victoria Carballo Carrasco.

La Constitución de Veracruz establece que el Tribunal tiene atribuciones para investigar, sustanciar y resolver procedimientos de responsabilidad administrativa relacionados con personas servidoras públicas que desempeñan funciones jurisdiccionales.

El organismo funciona en Pleno y en Comisiones. Las Comisiones conocen de los asuntos en primera instancia y el Pleno interviene en segunda instancia, conforme a los procedimientos establecidos en la legislación local.

Esta estructura es relevante para entender el caso de Jonathan Cortés Vargas: las decisiones disciplinarias no necesariamente son adoptadas por los cinco integrantes en una sesión plenaria.

Una absolución que derivó en una investigación administrativa

El 9 de septiembre de 2025, el juez de enjuiciamiento Óscar Hernández Carmona condenó a Marlen a 80 años de prisión por secuestro agravado. La Fiscalía la acusó de participar en el secuestro de Gustavo N.

La defensa impugnó la sentencia. El 11 de febrero de 2026, la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz resolvió el Toca 772/2025-S, revocó la condena, absolvió a Marlen y ordenó su inmediata libertad.

La decisión fue unánime. Jonathan Cortés Vargas participó como magistrado ponente.

De acuerdo con los antecedentes asentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal de Disciplina Judicial inició una investigación administrativa contra Cortés Vargas con motivo de esa resolución, por hechos que podrían constituir faltas en el ejercicio de su función jurisdiccional.

El procedimiento quedó registrado con el número TDJ/OIRA/104/2026.

El 20 de febrero de 2026, el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas solicitó la suspensión temporal del magistrado mientras se desarrollaba la investigación. Ese mismo día se concedió provisionalmente la medida y se dio oportunidad al funcionario de presentar argumentos.

Cortés Vargas desahogó la vista el 26 de febrero. El 5 de marzo, las Comisiones Resolutoras del Tribunal de Disciplina declararon ineficaces e infundados sus planteamientos y concedieron en definitiva la medida cautelar de suspensión temporal.

La resolución no constituyó una inhabilitación ni una destitución definitiva. Se trató de una medida cautelar adoptada mientras continúa el procedimiento disciplinario.

¿Quiénes decidieron suspender al magistrado?

La sentencia SUP-JDC-129/2026 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación identifica a las Comisiones Resolutoras del Tribunal de Disciplina Judicial de Veracruz como las autoridades que emitieron la resolución interlocutoria del 5 de marzo.

Sin embargo, el documento público consultado no individualiza por nombre a las magistraturas que intervinieron en esa determinación ni detalla el sentido del voto de cada integrante.

Este punto requiere información adicional del propio Tribunal de Disciplina: conocer qué comisión conoció el expediente, quiénes la integraron, quién elaboró el proyecto y cómo se votó la suspensión temporal.

La precisión es importante porque el organismo está integrado por cinco magistraturas, pero no todas necesariamente participan en cada determinación. Atribuir la decisión a la presidenta o a la totalidad del Tribunal sin contar con el acta correspondiente sería incorrecto.

El TEPJF no revisó si la suspensión estaba justificada

Jonathan Cortés Vargas impugnó la suspensión ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El 27 de marzo de 2026, al resolver el expediente SUP-JDC-129/2026, el TEPJF desechó la demanda porque consideró que la controversia correspondía al ámbito disciplinario y no a la materia electoral.

La Sala Superior no determinó si el magistrado cometió una falta administrativa, si la investigación estaba justificada o si la suspensión temporal era correcta. Tampoco revisó el contenido de la absolución de Marlen.

Por tanto, esa resolución no puede presentarse como una validación de fondo de la actuación del Tribunal de Disciplina. El TEPJF se pronunció sobre la naturaleza del asunto y la competencia de la justicia electoral.

Una decisión colegiada y un solo magistrado investigado

La resolución que permitió la libertad de Marlen fue aprobada por los tres integrantes de la Tercera Sala Penal. Sin embargo, el procedimiento disciplinario se dirigió contra el magistrado ponente.

El abogado Tomás Mundo cuestionó esa circunstancia y planteó por qué la investigación se concentró en uno de los integrantes de un órgano que resolvió por unanimidad.

Abogado Tomás Mundo / Proyecto Inocencia Veracruz
Abogado Tomás Mundo / Proyecto Inocencia Veracruz

«En este caso, si hay una decisión del Tribunal de Disciplina contra un magistrado y es una decisión unánime, ¿por qué no sancionaron a las otras dos personas?», cuestionó.

La pregunta no demuestra que los otros dos magistrados deban ser investigados ni acredita que el procedimiento contra Cortés Vargas sea una represalia. Sin embargo, coloca sobre la mesa la necesidad de conocer los criterios utilizados para individualizar posibles responsabilidades cuando una resolución es colegiada.

La existencia de una investigación disciplinaria no constituye por sí misma una prueba de presión institucional. Los juzgadores pueden ser investigados cuando existen indicios de faltas administrativas. El punto central es que esos procedimientos se sustenten en hechos concretos y no únicamente en el sentido de una resolución judicial.

El riesgo de convertir la disciplina en un mecanismo de presión

Los tribunales de disciplina judicial tienen una función legítima: investigar y sancionar conductas indebidas de quienes imparten justicia. Su existencia responde a la necesidad de establecer controles sobre el ejercicio del poder judicial.

Sin embargo, esas atribuciones también requieren límites verificables.

Una cosa es investigar una conducta que pueda constituir una falta administrativa y otra utilizar un procedimiento disciplinario para cuestionar, por una vía distinta a los recursos legales, el sentido de una sentencia.

La diferencia es fundamental para preservar la autonomía de los juzgadores. Si una resolución puede derivar en una investigación administrativa, debe existir claridad sobre qué conducta se considera irregular, qué pruebas la sustentan y por qué se atribuye responsabilidad a una persona determinada.

El riesgo institucional aparece cuando la posibilidad de enfrentar una suspensión o un procedimiento disciplinario puede generar temor entre quienes deben resolver asuntos de alto impacto, especialmente cuando sus decisiones contradicen la posición de una fiscalía o de otra autoridad.

En el caso de Veracruz, la documentación consultada acredita que la investigación contra Cortés Vargas comenzó con motivo de la resolución que revocó la condena de Marlen. Sin embargo, no acredita que la Fiscalía General del Estado haya solicitado, promovido o influido en la actuación del Tribunal de Disciplina.

Esa posible intervención no debe presentarse como un hecho probado. Lo que sí corresponde exigir es transparencia sobre las conductas investigadas, los elementos que las sustentan y las razones por las que se adoptó una medida que separó temporalmente a un magistrado de su cargo.

La confianza pública depende de quién vigila a los vigilantes

La reforma judicial modificó las estructuras de gobierno, evaluación y disciplina de los poderes judiciales. En ese nuevo diseño, los tribunales de disciplina adquirieron facultades relevantes para investigar responsabilidades y adoptar medidas cautelares.

El primer informe de Veracruz muestra que el organismo recibió cientos de denuncias y aplicó decenas de sanciones durante sus primeros diez meses. El volumen de actividad es significativo, pero no basta para medir su eficacia ni para determinar si sus decisiones fortalecen la independencia judicial.

Para evaluar su actuación también se requiere información pública sobre el tipo de faltas investigadas, el número de procedimientos concluidos, las sanciones impugnadas o revocadas, los criterios aplicados y las garantías de defensa de las personas sujetas a investigación.

En el caso de Marlen hay dos asuntos que deben distinguirse. El primero es el secuestro y asesinato de Gustavo N., cuya familia merece conocer la verdad. El segundo es la responsabilidad penal de Marlen, que no fue acreditada de manera suficiente ante la Sala Penal que la absolvió.

A partir de esa resolución surgió una tercera discusión: la actuación del órgano encargado de vigilar a los juzgadores y las garantías para que su poder disciplinario no afecte la autonomía judicial.

La justicia necesita instituciones capaces de investigar y sancionar las faltas de sus integrantes. Pero también necesita que esos órganos rindan cuentas, expliquen sus decisiones y demuestren que no utilizan sus facultades para condicionar el sentido de las sentencias.

Cuando quienes juzgan también pueden ser investigados por quienes los vigilan, la independencia judicial exige una garantía adicional: que la disciplina no se convierta en presión y que el control no sustituya a la justicia.

Vea el reportaje multimedia: INOCENCIA JUZGADA

Para conocer los testimonios, documentos y detalles que reconstruyen esta historia, Agencia Libertad presenta el reportaje multimedia «INOCENCIA JUZGADA», una investigación que sigue el caso de Marlen y examina las decisiones judiciales que marcaron su destino.

Mire el reportaje completo en el canal oficial de YouTube de Agencia Libertad.

Paul Contreras

Agencia Libertad

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